Contrato Con Canarias - Fernando Clavijo
00:00 / 00:00

1.2 Más detalle en políticas sociales.

En el ámbito de la vivienda, tenemos un ambicioso Plan aprobado por unanimidad por la comisión de vivienda, cuyas medidas han estado de acuerdo en apoyar sin fisuras todos los agentes sociales. En esta legislatura hemos solventado el pago de 26 millones de deuda de ayudas al alquiler e hipoteca joven que venían pendientes de años atrás. En 2017, además, hubo una nueva convocatoria de ayudas con algo más de cinco millones de euros para ayudas al alquiler, y para 2018 habilitamos un crédito de 9 millones de euros que permitirá subvencionar a unas 6.000 familias, que dispondrán de otros 9 millones de euros en este 2019.

Se han dedicado unos 40 millones de euros a la rehabilitación de viviendas públicas y el entorno urbano que las rodea, haciendo de 2.697 viviendas y sus barrios sitios mucho mejores para vivir; muestro objetivo es dedicar 60 más en los próximos cuatro años.

Después de muchos años, se vuelve a construir vivienda social, y tenemos proyectos de viviendas en más lugares, bien sea con cesiones de suelo por parte de los municipios como por uso de los terrenos de los que dispone la sociedad pública Visocan, lo que permitirá la puesta en disposición de otras mil viviendas para familias vulnerables.

El programa + Viviendas x Familias ha intervenido en casi 430 desahucios. Fueron también las gestiones del Gobierno de Canarias, junto con el resto de las administraciones implicadas, las que han impedido el desahucio de las 358 familias de Añaza, cuyas viviendas hemos adquirido recientemente con un precio muy por debajo del de mercado para tranquilidad de las familias vulnerables que allí habitan

 

Otro ámbito en el que las familias han visto cómo mejoran sus condiciones ha sido el de la Dependencia. El sistema sigue incorporando nuevas personas a un ritmo creciente. En los últimos tres años 13.857 personas han recibido sus prestaciones o servicios en el sistema de Dependencia, según certifica el Imserso. Tantas, como desde la implantación de la Ley de Dependencia hasta el inicio de este mandato.

Si tenemos en cuenta que Canarias terminó 2018 con 30.594 personas que tienen reconocido el derecho a la Dependencia y, de ellas, un conjunto de 21.638 personas cuenta ya con una prestación tanto económica como de servicio, hemos reducido la lista de personas con reconocimiento, pero sin prestación, desde las 13.911 personas que había en 2016 a las 8.956 con que acabamos 2018 - son 3.932 personas menos.

Estamos trabajando en un decreto de simplificación del procedimiento para el reconocimiento de la Dependencia cuyo debate ya se ha iniciado, un decreto pensado para facilitar y mejorar la atención y los trámites a los dependientes.

Los nuevos convenios de dependencia con los cabildos han supuesto también una importante mejora, con demandas hechas por los responsables de las áreas de dependencia y discapacidad a lo largo de los años, que en 2018 hemos podido hacer realidad. Por ejemplo: hemos conseguido que sea un convenio plurianual, lo que significará una estabilidad nunca antes ofrecida para los trabajadores, y una posibilidad de previsión y mejora en la gestión que realizan los cabildos. Se ha previsto una subida del 10% del presupuesto para 2019, y la revisión con el IPC de los convenios de manera anual. Hemos anunciado recientemente el incremento de casi 30 millones de euros para mejorar el precio/plaza en este ámbito, y atender el transporte de los dependientes a los centros de día.

Y también hemos conseguido cerrar un plan de infraestructuras que supondrá la creación de más de 5.466 nuevas plazas para dependientes y personas con discapacidad a todo el Archipiélago. Este plan contempla una inversión por parte del Gobierno de Canarias de 161.150.000 euros, con financiación plurianual hasta 2020, aunque la dotación total es de 262.000.000 euros al incluir la aportación de los cabildos.

 

Todo esto, además, a la espera de la aprobación por el Parlamento de la Ley de Servicios Sociales, que será el instrumento fundamental que no solo posibilitará mejoras en las coberturas sociales, sino que ofrecerá estabilidad a las 1.093 entidades de Tercer Sector que trabajan en ámbitos como la dependencia, la discapacidad y la inclusión social. Regulará la Historia Social única en la que se homogeneizarán los instrumentos de valoración y diagnóstico en los servicios sociales municipales e insulares.